by Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones y ex candidato presidencial de Guatemala, recibió el beneficio de libertad provisional y arresto domiciliario, tras haber estado prófugo de la justicia durante cuatro años. La decisión fue tomada por la jueza Claudette Domínguez aun cuando el exministro tiene cuatro denuncias por corrupción en su contra, incluyendo la presunta participación en el caso Odebrecht.
Claudette Domínguez también decidió poner en libertad a Sandra Torres, ex primera dama y candidata presidencial acusada de financiamiento ilícito, así como también a Toribio Acevedo, un ciudadano vinculado al sector empresarial que estaba siendo acusado de crímenes de guerra.
La decisión de conceder el beneficio penitenciario al excandidato presidencial no le permitirá salir de prisión pues tiene dos órdenes de arresto adicionales en otros dos procesos penales, relacionados con la corrupción. La fiscalía tiene plazo de tres días para apelar la decisión.
El vocero del Ministerio Público, Juan Luis Pantaleón, confirmó a The Associated Press que la jueza había otorgado medidas restrictivas a Sinibaldi, como el arresto domiciliario, la prohibición de salir del país o comunicarse con coimputados, y la obligación de presentarse cada 30 días para firmar un libro de actas en la fiscalía.
Pantaleón aseguró que la Fiscalía está evaluando qué acciones tomar luego de que la jueza decidiera beneficiar al acusado con una caución de 300.000 quetzales (38.500 dólares), en vez de los 1.500.000 quetzales (192.000 dólares) que había solicitado.
Sinibaldi, ex ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda del general Otto Pérez Molina, fue aspirante a la presidencia por el Partido Patriota. Pérez Molina, actualmente encarcelado, tuvo que renunciar junto a su gabinete debido a acusaciones de corrupción.
El Ministerio de Comunicaciones ha recibido una gran cantidad de críticas, debido a que ha sido acusado de ser el blanco de los políticos y empresarios. Esta cartera es la que recibe más presupuesto nacional, sin embargo, los tres últimos ministros han sido procesados por presuntos actos de corrupción.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron en 2016 una acusación contra Sinibaldi y otros funcionarios de gobierno por supuestamente aprovecharse de empresas a cambio de contratos y usar ese dinero para comprar regalos a Pérez Molina. Esto fue lo que denominaron «Cooptación del Estado».
En 2019, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de Naciones Unidas, concluyó su labor de desarticular estructuras criminales que se encontraban incrustadas en el sistema estatal.
